SIN COHETES NI JUGUETES Y MENOS INVERSION
La seguridad de los niños es importante. Debemos protegerlos y enseñarles a protegerse. Los peligros que los rodean en las fiestas navideñas son muchos. Reparemos tan solo en los juguetes tóxicos y los fuegos artificiales.
Se prohibió la venta de juguetes fabricados con elementos tóxicos. El objetivo es impedir que tales juguetes lleguen a manos de niños que "podrían" intoxicarse al manipularlos. La prohibición no anula el comercio de tales productos, mas bien, se generan incentivos para la comercialización oculta y más peligrosa.
Además se lesiona el derecho de las personas a comerciar libremente. El Estado no debe proteger a cada niño. Eso es responsabilidad exclusiva de los padres y tutores. El Estado pudo alertar a los padres, a través de los medios de comunicación, de tal peligro. Una asociación de padres y profesionales preocupados por la seguridad y salud infantil de seguro lo habría hecho antes.
Los grupos de presión bajo el disfraz de la protección al indefenso hacen su reaparición. Los pequeños y medianos comerciantes son afectados. Ya invirtieron su dinero. Luego de iniciado no es legítimo cambiar las reglas del juego. Esa costumbre ha vuelto impredecible la normativa jurídica. Desacredita aun más la transparencia de la gestión democrática.
Hace un año a propósito de la prohibición de los fuegos artificiales señalamos lo mismo. La seguridad de los niños esta y debe estar en manos de los padres y adultos cercanos al menor. El Estado no debe interferir. Su accionar previsor solo genera distorsiones en el libre mercado y afecta la función familiar.
Esta intervención debilita la autoridad paterna y materna, les resta la capacidad de decidir que dar a sus hijos. Informar sobre lo que contienen dichos productos habría sido suficiente.
También se distorsiona el clima de inversiones con ataques a la empresa privada y a sus esfuerzos por proporcionar empleo y generar riqueza. La población confundida genera inseguridad en el sector turismo y minero. Repetimos lo de siempre, se debe determinar la titularidad de plena forma. No es posible seguir considerando al Estado como dueño “par excellence” de los recursos mineros y turísticos. Se debe poner fin al régimen de concesiones y entregar en venta pública los bienes en litigio. Si existen dueños de la parte superficial, es a ellos a quienes se debe reconocer el derecho de propiedad del subsuelo. Las aguas, tierras, restos arqueológicos, etc., al no tener un dueño: un propietario privado y protector, son utilizadas con descuido. Se depreda aquello que es ajeno. Desde que los camélidos están en manos privadas nuevamente han aumentado. Dejaron de ser especies en vías de extinción.
Son los agentes económicos: consumidores e inversores, los que mejor pueden solucionar estos conflictos, mediante contratos libremente firmados. Sin dueños reales de la tierra y el agua, tales contratos pasan por el tamiz político y burocrático. Generando despilfarro de recursos y desordenes violentos. El régimen de propiedad debe ser reformado. Apostar por la inversión es defender el derecho de propiedad sin discriminación alguna de raza, situación social, tamaño del bien, etc.
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