TRABAJO CON LIBRE ELECCIÓN NO ES OPRESIÓN
Trabaje ocho horas y gane 200 dólares y medio kilo de atún.
Con un contrato así quizás nadie se anime a trabajar o quizás si. Cuando al trabajador que ya tenemos le cambiamos la forma de pago o alteramos el contrato respectivo, ello puede ser grave si vulnera la estabilidad contractual o genera incertidumbre en el mercado.
Sin embargo, los trabajadores consideran que lo importante no estriba en recibir o no alimentos como parte del sueldo, sino que recibirán vales a canjear y por tanto les restringen la capacidad de elección del establecimiento en el cual “comprar” sus víveres.
A esta paradójica y casi risueña situación hemos llegado por tratar de proteger al “empleado”, al digno trabajador del hambreador capitalista, del “cuco” de los niños obreros.
Si en justicia respetáramos los contratos establecidos entre quienes desean y necesitan brindar su fuerza de trabajo y quienes desean y deben pagar por ello, la multiplicidad de formas de contraprestación dejaría de ser un dolor de cabeza para los intelectuales, lideres sindicales y los políticos de turno. Y seria una herramienta para el desarrollo económico del país.
Dos adultos con sus facultades mentales saludables pueden establecer un contrato con toda legalidad. Por ende un contrato de trabajo no debe ser la excepción. El Estado no puede tutelar a los adultos cual niños incapaces de distinguir lo razonable de lo irracional.
Hasta hoy hemos tolerado que los contratos de trabajo se establezcan bajo diversas presiones. Hemos ignorado al interesado principal, al trabajador. Hemos mal visto a la otra parte: el empleador. Algunas ideologías han levantado barreras y creado odios entre ellos.
Esta situación debe cambiar. Reconozcamos que el pretendiente a trabajador puede determinar si las condiciones de tal o cual puesto le convienen o no. Es un adulto racional no un bebe grande.
Siendo transparentes surgirán de la informalidad los miles de puestos de trabajo que ocultamente brinda.
Lo dicho requiere de una flexibilización tal que los cobros y montos que se retienen por jubilación, cobertura de salud y otros sean elegidos libremente por el trabajador. Si desea puede cobrar “completo” (descontando solo impuestos), o se anota en los servicios de protección y asistencia existentes, sufriendo por ello reducciones en su salario. El trabajador no es incapaz de evaluar los riesgos a futuro, debemos dejar que libremente escoja si ahorra o no previsoramente para imprevistos. Solo debemos limitarnos a incentivarlo a hacerlo, no podemos obligarlo bajo el lindo rotulo de “derechos laborales”.
Quien requiere trabajar debe poder decidir cuantas horas lo hará, en que condiciones, para que y por que realizara específica labor. Así se ampliara la oferta laboral. La informalidad en el mercado laboral existe justamente por esto: los costos del empleo y de acceso al empleo.
Por ejemplo: Que una mucama cobre 60 soles en Cuzco o 400 soles en Lima debe ser decidido por las partes interesadas sin riesgo ni pena de delito.
Las “protecciones” no deben ser cortapisa para fomentar el empleo, ni incentivos para crear un sub mundo informal. El reconocimiento de los contratos debe ser tan claro como para recurrir al arbitraje o al Poder Judicial (¡Dios nos Libre!) y obtener las indemnizaciones del caso en caso de incumplimiento.
Debemos tener en cuenta que todo orden social se basa en la moralidad de sus normas, si las cláusulas de un contrato son libremente estipuladas y libremente aceptadas, no existe impugnación posible que sea consistente.
En un sistema de libre contratación los pocos empleadores existentes (ahora) podrían aprovecharse de su situación privilegiada. Esto no será así pues surgirán nuevos empleadores debido a la posibilidad de abaratamiento en los costos de contratación. Estimulando un alza en las ofertas saláriales y/o mejoras en las condiciones de trabajo. Lo mismo se ha intentado coercitivamente, a través de las normas y legislación laboral proteccionista. Las consecuencias han sido contrarias: reducción de las plazas ofertadas. Elevamiento de las capacidades y habilidades requeridas para acceder al empleo.
Necesitamos confiar en la capacidad de negociación de los trabajadores en función de su calidad y mantener un sistema judicial honesto capaz de emitir sentencias sin partidarismos.
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