Otro Código impuesto
El Presidente Toledo va a solicitar facultades legislativas al Congreso para promulgar el Código Procesal Penal. Este cambio es urgente. No obstante, imponer un Código sin un adecuado debate es seguir por una senda dictatorial.
Ningún sistema “diseñado” refleja la realidad. Es parte de una teoría. Y, sus errores solo se descubren y corrigen si ésta es sometida a refutación. Como sostenía Popper, solo de este modo se evitan costes sociales innecesarios. (Fuera de las condenas injustas y las hostilidades, el mayor costo social sigue siendo el olvido hacia las víctimas).
No se trata, pues, de cuestionar la capacidad de los autores de este proyecto. Bajo la actual Constitución, probablemente éste sea el menos dañino para las libertades y los derechos individuales. Pero, con esta creación en vigencia, se perdería la oportunidad, por años, de consagrar otras soluciones menos onerosas y violentas.
El ministro de Justicia, Fausto Alvarado, ha declarado que este proyecto, por tratarse de “un cuerpo orgánico y sistemático, requiere una visión de esa naturaleza que se podría quebrar si llegara a una discusión en el Parlamento.”
Es obvio que se quiere eludir la dilación que supondría entregar a congresistas de dudosas calidades intelectivas un tema de forma y fondo como este. Pero, en un debate de esta índole no se discuten detalles sino principios.
Que el fiscal investigue y acuse, no hace al sistema más moderno. Este no tiene la facultad para hallar soluciones menos conflictivas o satisfactorias. Por imperio de su ministerio, buscan la condena. Desde la óptica del burócrata, absolver le es un pasivo. Prácticamente, están obligados a acusar.
Por otro lado, es discutible que el Ministerio Público sea el titular de la acción penal. Nadie defiende mejor su derecho que quien es su legítimo propietario. Si este no puede, debe ser libre para optar cómo o por intermedio de quién hace valer su derecho.
Muchas veces la restitución del bien o las disculpas son suficientes para los agraviados. Seguir un proceso, entonces, no sólo es disparatado, sino perjudicial. No existen esas oportunidades.
Si bien el proyecto coloca al magistrado en su rol de juzgador e impone al fiscal en lugar del verdadero afectado, lo que busca el litigante (la víctima o sus deudos) es una reparación al daño que con el delito se le ha causado. Nada gana (ni tampoco, la sociedad) si solo se encierra al agresor. Se ha perdido la brújula.
Un ejemplo: En Lurigancho se han implementado talleres donde los reos aprenden oficios y trabajan para mantener a “sus” familias. ¿Qué es de la víctima y de su familia? Si el condenado trabajase para reparar a la propia víctima el daño causado, se vería constreñido a reformarse por sí. De lo contrario seguiría atado a una actividad antieconómica: trabajar para pagar a su víctima. No hay mejor disuasorio.
La justicia penal tuvo su origen en el trato mercantil, en la compensación. La pena no es sino el precio pagado por el delito. No es –como degeneró con las dictaduras— un precio pagado al orden impuesto sino al directo agredido. Así, el agresor al reparar el daño evita la ira colectiva. Castigar físicamente es solo herencia de la barbarie anterior.
En general, todos nuestros Códigos han sido copia de legislaciones foráneas ordenadas bajo el auspicio de regímenes autoritarios. Si se ciñen a la lógica del diseño racionalista de la sociedad, ¿cómo se espera que funcionen en una pretendida democracia? Menos aún coadyuvan al forjamiento de un orden libre.
Soslayar las respuestas espontáneas que las personas encuentran para resolver sus conflictos sólo nos permitirá apreciar sofisticadas creaciones intelectuales. Pero, no nos acercarán a la realidad. Es tiempo de descubrir y dejar desarrollar la lógica de estos mecanismos, no de dejarnos imponer, una vez más, lo que a unos pocos iluminados les parece. Con el respeto que se merecen.
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