La defunción de la palabra
No se trata de la parodia del programa de Marco Aurelio Denegri (ni de la patética columna dominical de César Hildebrandt). Se trata de la falta de credibilidad en la palabra, como hábito cada vez más extendido en este país.
Moralmente, el incumplimiento, la mentira y el engaño son inaceptables. Son fuente de descrédito y de desprestigio en el ámbito privado. No obstante, resultan moneda corriente en el estatal. Usualmente, el mal ejemplo lo dan los políticos (y, las “familias delincuenciales” de algunos de ellos). Ahora también, lo da el sector financiero.
Ya en el siglo XVIII, David Hume escribía que la palabra empeñada era el artificio más beneficioso para el progreso de una sociedad. E, indicaba las tres leyes fundamentales de su complexión: la estabilidad de la propiedad privada, su trasmisión consensuada y el respeto a los contratos.
He ahí el pilar de la civilidad, desde donde es necesario el respeto mutuo, pero antes aún la propia estima: Quien se degrada o deshonra, difícilmente respetará lo ajeno. Así pues, quien miente, engaña o hace trampa, no es de confiar. Sin embargo, nuestra “humanitaria” y “protectora” legislación paradójicamente, favorece estas indeseables conductas.
Sucede que toda intromisión legislativa en contra de la propiedad, la autonomía de la voluntad y el libre intercambio, pervierte este complejo entramado de relaciones, sustentados en la confianza. Y, esa inseguridad induce, a los más débiles moralmente, a la transgresión. Como consecuencia, en cada injerencia estatal en los asuntos privados, se institucionalizan con creciente fruición la rapacidad, la viveza y el latrocinio.
Trate de cobrar una deuda o hacer cumplir un contrato verbal, por ejemplo. Ello es, en ocasiones, incierto o excesivamente oneroso, por los altos costos de transacción que las dudas acarrean. Pero, no sólo impelen al deshonor: Con las actuales condenas y sus respectivas benevolencias penitenciarias, delinquir también se ha vuelto rentable.
Pese a ello, la gran mayoría no busca desprestigiarse ni cometer delito: Las inhibiciones morales aún son eficaces. Contienen el desbande, al margen de las inefables leyes positivas. Estas últimas más bien desamparan aquello que debieran proteger.
Ese es el legado de nuestros “juristas” quienes, al imponernos sus particulares concepciones y conveniencias, no contemplan aquellas reglas elementales de las que nos hablaba Hume. Con un verbo “progresista”, “dadivoso” o “democrático” nos desvían de esa senda. Sin principios definidos, en otra acepción de la palabra, argumentan cualquier cosa. Y, el resultado es el desastre.
(Hay que aguzar los sentidos: No es lo mismo hablar con seguridad que estar seguro de lo que se dice. Como señalaba Popper: «la coherencia no basta para establecer la verdad, pero la incoherencia y la inconsistencia permiten establecer la falsedad».)
La falta de credibilidad resulta antieconómica. La palabra, pues, como la moneda, se deprecia. Y, en muchas ocasiones, fenece. Directa o indirectamente, resulta nefasta para quienes la padecen. Como los falsos dólares falsos de los últimos días –por citar un ejemplo—, que a su vez han desacreditado a la banca y a sus incompetentes supervisoras. No queda sino buscar a quienes, aún al precio de su propia vida, mantengan viva su palabra.
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