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Desobediencia Civil


El Impuesto a las Transacciones Bancarias es un abuso grave. Pretende hacernos pagar por la ineptitud y los errores del gobierno. ¿Debemos ser castigados por la falta de luces de esta deplorable “administración” actual?

Desde el viernes último en que se promulgó el D.L. 939, todos los expertos en la materia se han pronunciado de manera unánime: esta medida va a ser contraproducente: es confiscatoria, al encarecer los costos de transacción, va a fomentar la informalidad.

El ministro Quijandría, no obstante, ha tomado esta oposición como un reto. “No hagan terrorismo tributario”, insta. Descalifica a quienes critican este despropósito. Y, ofrece su cargo a disposición, si en seis meses esta confiscación “no distorsiona demasiado la economía”.

(Su desafío recuerda el lamento de Henry Pease, quien desencantado de la política prometió retirarse… pero, recién el 2006. Esto es, hasta cuando ya haya asegurado bastante bien su vejez. Estas son impostaciones políticas.)

También se pretende como positiva la paralela bancarización. No obstante, esta no es sino otra artimaña para conseguir indirectamente lo que no se puede hacer directamente: violar el secreto bancario. A través del registro de las operaciones, la imposición de esta especie de fisgón fiscalizador permitirá hacer saber cuánto dinero tiene el titular en su cuenta bancaria.

Pero es peor aún, obliga a contratar el servicio de un banco para transacciones cuyo monto mínimo aún está por definirse entre el cuarto de o las dos UIT. Esta “formalidad”, obviamente, al acabar con la constitucional libertad contractual, encarecerá el costo de las transacciones y empujará hacia la informalidad. Va a “desbancarizar” la economía.

Los impuestos, en general, obedecen a una naturaleza inmoral. Son una especie de robo legalizado. Si, en sus orígenes, eran el pago forzado para evitar el aniquilamiento, hoy son el medio político para mantener un aparato coercitivo y expoliador, cuya única lógica es crecer a expensas del trabajo ajeno. Esto es, el Estado, ese ogro falsamente filantrópico.

En 1849, H.D. Thoureau escribió un opúsculo titulado “Desobediencia Civil”. En él, su autor se oponía a sufragar impuestos porque no compartía la política esclavista y belicista de su gobierno. Consideraba inmoral –lo es— solventar coactivamente, con su dinero, causas con las cuales discrepaba.

Algo semejante, aunque por razones más ventrales, puede ocurrir en nuestro país. Si este gobierno es más corrupto que el de Fujimori(Montesinos), como asevera el oficialista Jorge Mufarech (o, que el de Alan García, no hay que olvidarlo), si la debilidad de este régimen, es la corrupción, como suspira Waisman, si la paranoia de un señalado conspirador o la encrucijada de intereses y cálculos políticos han terminado por descubrir en falta y descalabrar a dos agazapados “presidenciables”, cómo pretenden imponer estos experimentos y evitar que el sentido común de los ciudadanos invite a negarles autoridad y a eludir sus arbitrariedades.

No, señor Ministro, no espere ni dos ni tres ni seis meses. Deroguen este atropello; o, reconózcanlo: no hay justificación para este o ningún otro nuevo impuesto. Reduzcan el irresponsable gasto público. En lugar de cruzar los dedos para que este ensayo “no distorsione demasiado la economía”, sea sensato. Basta de expoliaciones

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