Abogados en la calle
< ¡Qué vergüenza! Hasta los abogados han caído en la orfandad de ideas. Marchar por las calles de Lima sólo ha mostrado la impotencia de un sector del gremio frente al monopolio de la administración estatal de la justicia.
¿Cuál salida han propuesto si la decisión de inyectar más dinero, al sistema judicial, depende del MEF? Mientras no se desarrollen los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (privados), este sometimiento será una cuestión recurrente.
Si bien la prolongada huelga de los trabajadores del poder judicial ha paralizado más de un millón de procesos (desprotegiendo derechos fundamentales y damnificando a litigantes y al ente judicial con pérdidas millonarias), no se ha atacado el fondo del problema: el reiterado fracaso del sistema.
Ello repercute en otras partes. Por ejemplo, en lugar de defender los intereses de todos los afiliados a la Orden, la Junta Directiva actual del Colegio de Abogados, se ha parcializado. Privilegia a un sector (los trabajadores judiciales) y “se solidariza” buenamente con el resto.
Por fortuna, sólo se han expuesto al ridículo algo más de un centenar de los más de treinta mil con licencia para monopolizar los laberintos kafkianos. Por diferencias (o, por indif erencias, ambas legítimas), los demás sobrellevan el problema con estoicismo.
Si los abogados marchan como cualquier desempleado –o, queman llantas, como ha ocurrido en el interior del país—, ¿qué pueden esperar sus patrocinados? Una profesión liberal permite la individualidad y la independencia, no la sumisión.
Si por falta de presupuesto los jueces también entran en huelga, y se convoca a otra marcha, ¿qué podemos esperar? Por muchas razones, los actuales trabajadores en huelga son irreemplazables: por honestos, confiables o eficientes. Lamentablemente, también los ahí de los otros.
El miedo a la competencia
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Sivina, no puede disponer de una partida asignada para otros gastos judiciales. Ese atractivo botín de 40 millones de soles que se nos ha extraído sibilinamente mediante el ITF, es la causa de la discordia.
Mientras el Ministerio de Economía no destine recursos para aumentos de sueldos, no se puede dar otro fin a una partida. He ahí el entrampamiento. Como en la política, el dinero también parece ser la sangre de la justicia estatal.
Son conocidas las carencias de todos los Juzgados. Más deplorable aún es la situación de los del interior del país. A diferencia de la opulencia de las oficinas administrativas y el dispendio supremo.
Es también sabido que, en el Perú, los juicios se ganan por amistad, por dinero o porque, finalmente, se tiene la razón. En ese orden. Medio en serio, bastante en broma, se ha consagrado la coima como fuente de derecho.
La raíz de todos los males está en el monopolio legal de este servicio. Desbarra quien piense que es una potestad cuasi divina. Dirimir justicia es una actividad propiamente humana. Es dar a cada quién cuanto le corresponde. Y, ello sólo puede establecerse si los derechos de cada cual están bien delimitados.
Se trata de plantear alternativas, como el fin de este monopolio. Así, los abogados podrán brindar sus servicios y acudir a las vías menos onerosas y engorrosas de resolución de conflictos, para sus clientes. Mientras ello no se dé, seguiremos lamentándonos de lo mismo.
Todo monopolio artificial acarrea los mismos males. Y, así como las falacias colectivistas se han enquistado en el gremio judicial (con reivindicaciones clasistas), el Colegio de Abogados también se ha dejado arrastrar por la solución de las masas. Unidos como un rebaño, se piensa que se consigue por la fuerza, lo que no, con la razón.
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