Populismo contra los lectores
Que nadie se engañe: leer va a continuar siendo un lujo. De aprobarse la reclamada Ley del Libro, ésta sólo va a beneficiar a “nuestra industria” editorial. Pero, a costa de los lectores (y, más aún, de los más pobres).
Mantener el arancel a los libros extranjeros ha dado la campanada: el proteccionismo tercermundista está de vuelta. Y no hay “seguro obligatorio” que haga pagar a los políticos que promuevan este tipo de normas, en extremo populistas.
Hasta la Premier ha aprovechado la simpatía que causa esta ilusión entre quienes se dejan ilusionar. Así, por decreto, pretenden fomentar la lectura y, aún, la exportación. Pero, estas “buenas intenciones” sólo revierten en contra del lector como consumidor.
¿Por qué?
Que se exonere a las empresas editoras nacionales del IGV no significa necesariamente que éstas bajen sus precios. Es parte de sus costos. ¿Acaso cuando cae el precio de la gasolina, le cobran menos por el pasaje? No ocurre tal. Salvo que se piense en controlar los precios.
No porque hayan más publicaciones y éstas sean más baratas, se va a leer más. Eso lo decide el consumidor. Mayor oferta no significa mayor demanda. Por el contrario, las actuales editoriales no sólo van a lidiar con aventurados impacientes sino contra la siempre presente competencia desleal del Estado como editor.
En un país con tradición oral, como el nuestro, no se fomenta la lectura con maratones de paporreta. Ni se descubren literatos o poetas donde no hay verdadera vocación o talento (Ambas cualidades son excepcionales. Y, siempre se ha luchado en solitario contra toda adversidad).
Por último, hay un trato discriminatorio hacia las publicaciones foráneas. Ello, como consecuencia, va a incentivar el contrabando. Y, mientras más caro resulte importar un libro, menos posibilidades habrá de nutrir el debate y la investigación locales. Obviamente, menos oportunidades tendrán, en acceder a la información más actualizada, los de menores recursos. De ahí el fácil recurso hacia la fotocopia.
Un librero no desea su instrucción, quiere su dinero. Y, es natural. Si quisiese lo primero, le regalaría no solo un libro sino todos los que pueda darle. Probablemente le resultaría gratificante saber que su compra le será provechosa a usted. Pero, ello es secundario: primero debe pagar. No funciona de otra manera. Por suerte, para todos, como lectores, aún queda el último baluarte de la auténtica libertad: Internet.
La alternativa es el mercado libre
De lo que se trata, pretenden, es de erradicar la informalidad y la edición pirática. No obstante, no hay una cabal comprensión de lo que significan estos fenómenos, como descontento hacia los desastres que ocasionan los políticos con sus distorsiones a la economía.
Paradójicamente –para los legalistas—, si nuestra magra economía subsiste es gracias a la llamada informalidad. La dinámica de su intercambio es la que evita nuestro colapso. Un marco legal de mutuas exacciones como el vigente, no permite que los empresarios acumulen capital. Por el contrario, los hostiliza o no les brinda garantías ni seguridad.
El costo de la legalidad, pues, sólo es asumido si su beneficio no excede a su costo. Si no hay una adecuada protección legal para las propiedades que se intercambian, las leyes de la confianza y la competencia lo sustituirán. Naturalmente, eludiendo la costosa legalidad.
Pero, aún en la informalidad hay un orden: el orden legítimo del librecambio. Al mercado no lo hacen los decretos sino las ingobernables decisiones de los consumidores. Hay que entenderlo: la huida hacia la informalidad no significa maldad ni deslealtad. Es un acto de sensatez ante la nula perspectiva de prosperidad.
Si librando de las cargas impositivas se descubre el camino hacia el progreso de un sector, no hace falta mayor entendimiento para comprender que ese excesivo lastre hacia los demás es el que impide la circulación de las riquezas. En general, las leyes que favorecen a un sector lo hacen a expensas de otros (o, de todos los demás). Como siempre los únicos perjudicados con las “buenas intenciones” de los políticos serán los que no pueden acceder a las publicaciones formales.
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