ODIOSAS DESIGUALDADES
Sólo los lornas pagan SOAT», tituló un periódico popular al referirse a la inmoral excepción que ha dictado el gobierno, el viernes último. Y, así parece ser. Después de haber forzado a los propietarios de vehículos particulares a pagar por una póliza de seguros obligatoria contra accidentes de tránsito, se exime de tal exigencia –hasta el próximo año—, a unidades policiales, de bomberos y ambulancias.
La inclusión de estas últimas, obviamente, pretende hacer aceptable al público la medida. Apela a su colaboración cívica ante las emergencias. Sin embargo, no alcanza para justificar la excepción dada a la policía ni a ocultar los graves errores que le han dado origen. Es parte de una criollada, un embeleco.
En efecto, poco antes de vencerse el plazo para su obligatoriedad, la prensa había advertido que los vehículos oficiales, en general, no lucían en sus parabrisas el sticker de este seguro. Ello, como es natural, desautorizaba moralmente a los policías a imponer las respectivas papeletas. Quien incumple con la norma no puede pretender hacerla cumplir.
Pero, de lo anecdótico se ha pasado a lo arbitrario. El ministro Rospigliosi –cazurro él—, ha declarado que «como la policía tiene muchos vehículos (no como los particulares que sólo tienen alguno), ésta debe pagar muchísimo menos que aquellos». La policía, asegura, debe beneficiarse con un seguro especial, porque «el SOAT es muy caro».
Ese trato desigual enerva a los usuarios, que son a la vez, contribuyentes y deben acarrear con este costo. Más aún si, por otro lado, se dicta una medida para regalar dinero a los pobres. Dinero que bien puede invertirse en cumplir con este seguro donde aquellos son los mayormente accidentados.
Ahora puede entenderse cómo toda injerencia del Estado en la economía, revierte en su contra. Dado que el régimen no puede cumplir con una norma que distorsionó el mercado, ha decretado otra para eludir esa responsabilidad.
Quienes sí cumplieron, deben de sentirse no menos que timados. Pagaron un monto atentatorio contra sus propias economías. Por eso, algunos optan por el fraude.
No podía ser de otra manera. Éste es el necesario efecto de haber permitido la afectación de la libertad contractual. Al imponerse un seguro obligatorio se vapuleó gravemente este derecho. Los seguros son una necesidad de la gente prudente y previsora. Quien no lo contrata debe asumir el costo de su irresponsabilidad. Debe trabajar para reparar el daño causado. No se puede forzar a contratar. Pero, sí a cumplir con las obligaciones.
Cuando se denunció a las aseguradoras por concertación de precios, los tecnócratas del Indecopi ignoraban que ese era, también, un mecanismo de mercado. Y, las multó (porque de ese, y también de otro modo subsiste). La entidad que debía de velar por la defensa del consumidor, no obstante, al admitir previamente una contratación forzada, avaló una imposición en contra de la libre competencia. Y, regular la competencia, no es sino impedir que esta fluya por sus cauces naturales. Es anular su esencia. No se compite donde no hay libertad.
Las campañas de valores parecen no alcanzar a algunos funcionarios. ¿Cómo pretenden hacer cumplir la norma (y, en general, la ley) si, llamados a hacerla respetar, no lo hacen?
Es parte de la informalidad de este régimen. Lo contrario al respeto de la ley es la informalidad. Y, con este tipo de decretos, la percepción de los ciudadanos es que cumplir con las órdenes de quienes pretender acomodar el mundo a sus ideales, es antieconómico, además de peligroso. Debe aludirse. Se corre el riesgo de ser siempre el lorna, que en el lenguaje popular grafica cruelmente al crédulo. Pero, eso es parte de la comedia, pues la burla corrige los errores de la ingenuidad.
Para evitar el desprecio por la legalidad, debe exigirse que las normas cumplan con los requisitos de igualdad, generalidad y justicia. Deben eliminarse los privilegios
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