Ominosa presunción de culpabilidad
Pasear indocumentado será un peligro a partir del próximo 27 de Octubre. Sin autorización del juez ni participación del fiscal, cualquier policía podrá retenerlo por sospechoso hasta por cuatro horas donde lo encuentre. Más grave aún, podrá registrarlo y hurgar en sus pertenencias o en su vehículo.
Inconstitucional trasgresión al principio de presunción de inocencia y a la propiedad privada, la entrada en vigencia de los artículos 205 al 210 del nuevo Código Procesal Penal, más que prevenir delitos será una puerta abierta para el abuso y la prepotencia policíaca.
Quienes abogan por esta medida apelan al temor e, incluso, al horror. La ola de atentados terroristas a nivel mundial los intimida hasta nublarles la razón. Aquello, no obstante, es situación excepcional. Entre la libertad y la seguridad, el miedo ante la agresión fanática siempre torna al extraño en sospechoso, en enemigo. En pie de igualdad, no debe ser así.
Prevenir importa asumir riesgos para estar seguros. Pero, no se deben consagrar, como habituales, soluciones coercitivas a situaciones excepcionales. Las excepciones hacen malas leyes. Paradójicamente, dañan aquello que pretenden proteger: los derechos de las personas.
Se trata de prevenir sin transgredir derechos fundamentales. Introduciendo la lógica de la excepción (que es la de la guerra), naturalmente se crean las condiciones para que esta se desencadene. Nada distinto puede esperarse de quienes ignoran una postura principista a favor de la mayor libertad. Su contraria, la arbitrariedad, siempre es mucho más peligrosa. Una revisión de nuestra historia más reciente y de su legislación en materia de terrorismo, puede zanjar esta disyuntiva.
Poco o nada se consigue proponiendo una capacitación al personal policial para la implementación de este sistema. Es contrario a un sistema de libertades, en la cual estas solo tienen razón de ser, en función de eliminar las coerciones arbitrarias y ofensivas.
Un sistema eficiente sólo funciona con incentivos adecuados. Y, ello, sólo puede orientarse según la demanda del servicio. Explíquese, si no, por qué en las zonas marginales la policía aparece antes del linchamiento y casi nunca cuando una víctima (inminente o concreta) lo solicita.
A diferencia de los honestos y despreocupados ciudadanos, los delincuentes sí conocen sus derechos (Se diría que es parte de su “negocio”). ¿Piensa ceder más derechos aún? ¿A quién recurrirá si es extorsionado por causa de una sospecha sin mayor fundamento?
Todo monopolio legal genera corrupción. Inclusive el de la violencia, en este caso, de la fuerza pública. La campaña de respeto al policía no se daría si ésta no se hubiese desprestigiado. Sucede, por lo demás, que aún no se erradica la arraigada creencia de que el policía suele no respetar al individuo. Darles más poder y control sobre los ya inermes ciudadanos, causará mayor animadversión e irrespeto.
Se percibe que aún peor que la agresión de un delincuente es la de quien se escuda en la legalidad. Creyendo que le asiste la razón, se creerá intocable. La libertad, pues, sufriría un grave revés. Por ello, no debe instaurarse esta aberración: justificaría atentados intolerables.
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