UNA ALTERNATIVA AL FRACASO DE LA "JUSTICIA" PENAL
Una argucia legal ha evitado que “Momón” salga libre por el momento. Pero, el temor a su liberación y la de otros sicópatas descubre, una vez más, las fallas de nuestro sistema penal. En éste, sólo se busca el castigo (o, satisfacer la venganza colectiva). Y, así no se repone nada.
En efecto, las cárceles no han sido nunca la solución. No regeneran, sólo corrompen. Y, nuestro Código Penal se funda sobre su base. La apariencia de tranquilidad que en teoría gana la sociedad al recluir a los delincuentes, paradójicamente, es pagada vía impuestos por las víctimas o sus deudos.
La “justicia” al revés
Deben ser los delincuentes quienes, de no resarcir el daño causado, trabajen para pagar directamente a sus víctimas. Y, este pago debe ser estimado en la misma proporción y naturaleza del derecho afectado. Una custodia de este trabajo bien puede ser realizada por entidades con solvencia moral, públicas o privadas.
Actualmente no es así. Existe un arraigado monopolio que da prioridad al trámite y no a la solución de los conflictos. Un sistema acusatorio como se propone en el nuevo proyecto de Código Procesal Penal tampoco soluciona nada. Relega a la víctima y la envía a continuar un proceso civil.
Pero, no debe incrementarse la burocracia. Debe optarse por dar preeminencia a la reparación de la víctima en un solo proceso. Así se castiga con mayor eficiencia a los delincuentes.
La acción debe ser privada.
Natural y jurídicamente cada persona defiende (porque es suyo) su propio cuerpo, lo adquirido honestamente y lo que, por sí, ha descubierto. Sobre ello tiene derechos. Despojarla de estos, por imposición política, conduce a que otros (no todos) dispongan de uno y de sus pertenencias.
En el nombre de la “sociedad” (el pueblo) se expropia el derecho a accionar penalmente. Pero, la “sociedad” es una ficción. Dentro de ella no existe sino una regla del mayor número. Es así como los criterios morales de algunas mayorías se imponen como delitos. Y, también, por ellos, se excluye la defensa de los propios intereses.
No hay tal cosa como “bien común” si los comunes no tienen asegurado su propio bienestar. Con todo, se defiende mejor a la “sociedad” si se protege los derechos de cada individuo en cada caso concreto.
La responsabilidad es individual.
Las personas no son torpes ni ignorantes para defenderse por sí. En todo caso, para ello están los abogados o entidades como la Fiscalía y la Defensoría que podrían actuar a solicitud de parte. Al ser la acción un derecho, jurídicamente se lo puede transferir. Apostarían por ello litigantes con ansía de prestigio. Pero, básicamente, se acrecentaría la responsabilidad de las personas al buscar una mejor satisfacción para sí mismas.
No es una reforma lo que debe instaurarse. Debe darse un cambio constitucional que permita a los individuos ser los responsables de sus aciertos o errores.
Mientras haya interés en mantener anquilosado el actual sistema, nada va a cambiar. Sólo se busca conservar la asignación y el empleo. Parafraseando a Cole, se mantiene una victoria política pero no un triunfo intelectual. |
