Inseguridad (per)judicial
Una huelga indefinida se anuncia en el Poder Judicial. La incertidumbre de sus trabajadores en conservar sus empleos va a paralizar todos los litigios a partir del 4 de noviembre. La inseguridad jurídica pende sobre el país.
Este será el bautizo de la recientemente instalada Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus). El casi imperceptible paro de hace algunos días fue sólo una advertencia. Cunde el temor de que aquella oscura promesa de “más trabajo (para mi gente)” invada estos predios.
Pertenecer a un órgano políticamente manipulable, como lo es el judicial, impide a sus servidores confiar en su propio desempeño. Por eso piden estabilidad. No obstante, este costo lo asumen los usuarios y, en general, todos como contribuyentes.
Las reglas de la burocracia, bajo las cuales se rigen, no son las del mercado (que premia lo más eficiente). Son las de la subordinación. Su única misión es la del cumplimiento de lo dictado al margen de los resultados. La ausencia de competencia, naturalmente, sólo genera ineficiencia y, aún, corrupción.
¿Cómo plantear una reforma si, dentro, la mayoría se resiste al cambio? Y, peor aún, si entre reformadores y reformados subsiste el temor a la competencia y a las alternativas de los más eficientes mecanismos de justicia privada.
Condenada al fracaso, en teoría, en la práctica, la Ceriajus se va a enfrentar a las naturales consecuencias del paternalismo con que se sustenta todo el sistema estatal. Pero, éste es sólo una parte menor del problema.
Si no hay un decidido cambio de orientación en las leyes hacia los mecanismos privados de solución de conflictos, la “administración estatal de la justicia” va a acabar por descomponer todo el tejido social. Este será el resultado de las insatisfacciones que ocasiona.
Antes de pedir más recursos, como lo hace la fiscal de la Nación con insistencia, debe reconocerse que si no se implementan verdaderas alternativas a favor del usuario, el dinero pedido sólo servirá para fermentar los males de los que adolece este sistema.
Sucede que, gracias a ciertos “juristas” y a legisladores ignorantes, todo nuestro Derecho se sostiene sobre reglas diseñadas para satisfacer a regímenes dictatoriales (húrguese en la Historia). Por esa razón, el interés de las partes se anula. No importa. El Juez hace y deshace, en un proceso civil, según convenga al político. Tal como lo pidió Mussolini, por ejemplo.
La excesiva carga procesal y carcelaria en materia penal, por citar otro caso, se debe principalmente al exceso de “delitos sin víctimas”. Si se descriminalizan todos estos “delitos” (fundados no en la transgresión de derechos de propiedad sino en imposiciones morales e ideológicas de unas minorías sobre otras), habrá muchísimo mayor tiempo y recursos para atender los casos más graves y complejos.
La participación del Ministerio Público en los procesos penales debe ser un servicio facultativo, no obligatorio. Corresponde al litigante decidir cómo salvaguarda mejor su derecho. Un derecho sólo es tal si se lo puede disponer con libertad.
Al expropiar el derecho a accionar, la Constitución consagra la aberración de que los individuos son ignorantes e incapaces. He aquí otra tara paternalista. Pretender una protección de todos es condenar a todos a la dependencia y a la irresponsabilidad. Nada entorpece más el progreso.
En general, el derecho debe retornar a su raigambre contractual, al respeto del acuerdo voluntario de personas que respondan por sus actos. No se debe persistir en el uso arbitrario del “bienestar” de la mayoría como justificación para las intromisiones políticas en el Derecho. La responsabilidad individual debe ser el norte.
Todas las anteriores reformas han fracasado. Si se persiste en los reacomodos una vez más, el resultado no va a ser distinto. No es, pues, como se colige, un problema de individuos sino de instituciones de tradición autoritaria mal copiadas. Mientras ello continúe, la incertidumbre que la administración estatal de la justicia acarrea sólo va a seguir causándonos estragos.
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