La política como medio delictivo
Una congresista del partido de gobierno, Rosa Yanarico, ha plagiado un proyecto de ley de un diputado mexicano. Lo ha presentado como suyo, y según aquél, el Perú debe promover las artesanías jalapeñas y veracruzanas.
En su descargo, la congresista ha atribuido la responsabilidad a una asesora despedida. No obstante, reconoce que la búsqueda en Internet de proyectos legislativos extranjeros, para “adecuarlos”, es su modalidad de trabajo. Qué fácil.
Junto con sus colegas, debería revisar el artículo 219 del Código Penal (peruano, por si acaso) y los dos últimos numerales del siguiente, en su modalidad agravada. Esta práctica –habitual entre legisladores y asesores— es delito, y deberían saberlo. No respetar lo ajeno es robar.
Si se perdonan entre sí estas “pequeñeces”, cómo podemos esperar celeridad o rigor frente a casos más graves y evidentes como, por ejemplo, el de Raúl Diez Canseco, cuyos privilegios obsequiados al
suegrito , significan millones sacados de nuestros bolsillos.
No se respeta lo ajeno
La falta de luces intelectivas de los congresistas (luces intelectuales es pedir imposibles), ya no es motivo de risa ni de preocupación. Mueven a la indignación y al desprecio. Es grave que delincan impunemente, no obstante, lo hacen. Esa inmunidad (una institución política, no jurídica) con la que se amparan, siempre ha sido sinónimo de impunidad.
Es distinto hacer política para evitar que, desde el poder, se birlen nuestros derechos y patrimonios, a hacerla –como lo hacen estos personajes— para, desde el poder, alcanzar propósitos personales (Sin contar sus desatinos: de prosperar este plagiado anteproyecto, detraería la riqueza de cualquier otro sector para favorecer al beneficiado).
Sólo los honestos pueden realizar sus propósitos de manera legítima, sin tomar lo que le pertenece a otro. Ello lo ignoran aquellos que se desviven por agarrarse de una curul (o, “vivir del Estado”, esto es, de nuestros impuestos).
Así, pululan en este recinto personajes como esa otra quien enrostra que sus carencias económicas se solucionaron con su incursión en la política. La política, en sus casos, es el medio para conseguir de manera deshonesta, pero “legal”, lo que no pueden conseguir de manera honesta.
Después de todo lo que hemos visto, no deberían perpetrarse frases como que “el actual es el mejor congreso de todos los tiempos”, o que, en el colmo de las sandeces la misma Chuquival nos diga que tiene una gran espiritualidad (bastante aire, habrá querido decir). Es peligroso.
Pero, tanta conciánfira es compartida en todos los estamentos del sector público. Cada cual tiene su variante. Sobran los ejemplos, pero algunos son más significativos que otros. Recuerden, si no, a Alva Orlandini.
La fiscalización es pura finta
Nelly Calderón, la “dueña” de la Fiscalía, también ha sido sorprendida en un flagrante delito: falsedad ideológica. Que el perjuicio exigido para esta modalidad delictiva aún no se haya establecido con claridad no lo enerva de su reproche. Antes de que la defenestre la evidencia (o, caiga en desgracia) debe de renunciar. Da una pésima imagen lograr la impunidad por vía política.
(Caer en desgracia, políticamente hablando, es cuando el gobierno no sólo deja de proteger a capa y espada o con el uso de la sinrazón, a alguien que le es útil, sino que para no dejarse tocar por la miseria, lo usa como chivo expiatorio).
Con todo, este gobierno protege a sus corruptos. Que esté más corrompido que sus antecesores, no sólo es percepción de los niños y adolescentes encuestados hace unos días, es casi una evidencia.
Ejemplos sobran y encarcelarlos no arregla nada (ya vimos a Almeyda). Deben ser procesados y pagar, no sólo devolviendo lo que aprovecharon, con intereses, sino con otras sumas iguales de sus bienes presentes o futuros, para que aprendan de una buena vez qué no se debe hacer. Basta de impunidades.
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