Sobre los derechos de propiedad
Hay que definir claramente qué le pertenece a cada quien. Inalienablemente, uno es dueño de su propio cuerpo, de todo aquello que ha adquirido libre y honestamente, de lo que descubre y del fruto de su esfuerzo al intercambiarlo. Esa es su propiedad. Sobre todo ello tiene derecho.
Aun cuando, por ignorancia o dejadez, se han ido perdiendo gran parte de ellos, no puede exigirse nada más fuera de estos límites. Si –en términos de intercambio— no los entrega voluntariamente, sólo pueden quitárselo por tres vías: robándoselo, condenándolo judicialmente o por coacción política, a través de conculcaciones e impuestos.
La principal y “olvidada” función de los gobiernos es la de evitar que la turba (real o figurada) lo asalte, mate o robe. Si un individuo no puede hacer valer su natural derecho frente a las pretensiones ilegítimas de los demás, no puede hablarse ni de estado de derecho ni de justicia.
Por los diversos matices que tiene el socialismo –como justificación ideológica del robo o disposición de lo ajeno— cada “ley” que favorece a un sector despoja de concretos derechos a otros. Según apuntaba Bastiat, la mutua exacción entre unos y otros es la perversa esencia del Estado.
Ni la caridad ni la solidaridad ni el humanitarismo pueden ser forzados, pues así pierden su esencia. Esos son, no obstante, los argumentos que se esgrimen para birlarle sus bienes. Oiga, si no, a Javier Diez Canseco justificando las regalías mineras. Son una nueva forma de robo. Disponer de lo ajeno sin mediar consentimiento es robar. Es una pésima señal para los inversionistas. Ello, tiene que cambiar.
Toda nuestra “tradición” jurídica está llena de estos latrocinios. Sucede que nunca se entendió al gobierno como un ente protector de la propiedad. Ha sido un medio de expoliación, de manifestación arbitraria del poder. Una ley le da y otra le quita. ¿Sabe por qué?
Lo mío y lo tuyo
En lugar de consagrarse leyes que aseguren a las personas la seguridad sobre sus pertenencias, se ha optado por todo lo contrario. Es obvio que el capital (humano y dinerario) se muda adonde más se favorezca su crecimiento.
Pero, el problema es aún más grave. Mientras subsista en todos los estratos la creencia de que son los otros los que deben solucionar sus problemas, desbarraremos. No debe ser así. No hay ninguna maldad en el egoísmo. Hace mucho daño quien pretende hacernos vivir para los demás fuera de nuestros entornos afectivos más cercanos: genera irresponsabilidad.
De Soto, por ejemplo, no ha dicho nada que ya en el siglo XVIII Locke y Hume no hubiesen elucubrado con mayor claridad. Nadie prospera si no tiene seguridad para poder disponer de lo suyo. Esa es la teoría de los derechos de propiedad. No hay ningún misterio en el capital.
Todo aprendizaje es doloroso. Y, competir es la única manera de prosperar. Es la seguridad en lo propio lo que permite la competencia. Quien no compite, medra o roba. He ahí la causa del atraso y el subdesarrollo.
Mediante las leyes que afectan a la propiedad, los legisladores en vez de fomentar la resolución natural de los conflictos, distorsionan este medio. Para evitar que sus intromisiones en las actividades privadas nos sigan perjudicando, debe limitárseles estas facultades. El orden jurídico depende de esta reforma en el Estado.
Tal como se aprendió que la inflación económica se debe al exceso de emisión monetaria, debe aprenderse que el desprecio y deterioro de la ley se debe a la hiperinflación legislativa. Y, es a esta perversión de la ley a la cual debemos la paulatina pérdida de nuestras propiedades y, por consiguiente, de nuestras libertades.
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