Todos somos sospechosos
Postergarlo no resuelve nada: Pasear indocumentado será un peligro a partir del 1º de Enero del próximo año. Sin autorización del juez ni participación del fiscal, cualquier policía podrá retenerlo por sospechoso hasta por cuatro horas donde lo encuentre. Más grave aún, podrá registrarlo y hurgar en sus pertenencias o en su vehículo.
A diferencia del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la CAJ opinan que ello es constitucional. Craso error. Justificarlo es permitir cualquier restricción ex post como “prevista por ley”. ¿Piensa ceder más derechos concretos por seguridades aparentes? ¿A quién recurrirá si es extorsionado por causa de una sospecha sin mayor fundamento?
Inconstitucional trasgresión al principio de presunción de la inocencia y a la propiedad privada, la entrada en vigencia de los artículos 205 al 210 del nuevo Código Procesal Penal, más que prevenir delitos será una puerta abierta para el abuso y la prepotencia policíaca.
Quienes abogan por esta medida apelan al temor e, incluso, al horror. La ola de atentados terroristas a nivel mundial los intimida hasta nublarles la razón. No obstante, aquélla es situación excepcional. Entre la libertad y la seguridad, el miedo ante la agresión fanática siempre torna al extraño en sospechoso, en enemigo. En pie de igualdad, no debe ser así.
Prevenir importa asumir riesgos para estar seguros. Pero, no se deben consagrar, como habituales, soluciones coercitivas a situaciones excepcionales. Las excepciones hacen malas leyes. Paradójicamente, dañan aquello que pretenden proteger: los derechos de las personas.
Se trata de prevenir sin transgredir derechos fundamentales. Introduciendo la lógica de la excepción (que es la de la guerra), naturalmente se crean las condiciones para que ésta se desencadene. Nada distinto puede esperarse de quienes ignoran una postura principista a favor de la mayor libertad. Su contraria, la arbitrariedad, siempre es en mucho más peligrosa. Una revisión de nuestra historia más reciente y de su legislación en materia de terrorismo, puede zanjar esta disyuntiva.
Poco o nada se consigue proponiendo una capacitación al personal policial para la implementación de esta emboscada. Es contraria a un sistema de libertades, en la cual estas sólo tienen razón de ser, en función de eliminar las coerciones arbitrarias y ofensivas. Imagínelas en un país de más de un millón de indocumentados y de minorías de bien documentados delincuentes. Por ello, sólo se justifica una restricción con pruebas o en actos de flagrancia.
Todo monopolio legal genera corrupción. Inclusive el de la violencia, en este caso, el de la fuerza pública. La campaña de respeto al policía no se daría si ésta no se hubiese desprestigiado por sus propios excesos. Sucede, por lo demás, que aún no se erradica la arraigada creencia de que el policía suele no respetar al individuo. Darles más poder y control sobre los ya inermes ciudadanos, causará mayor animadversión e irrespeto.
Se percibe que aún peor que la agresión de un delincuente es la de quien se escuda en la legalidad. Creyendo que le asiste la razón, se creerá intocable. La libertad, pues, sufriría un grave revés. Por ello, no debe instaurarse esta aberración: “legalizaría” atentados intolerables.
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