Justicia sin utopías
Sobreviviendo a su tragedia, los deudos de “Utopía” aún no hallan justicia. Tras 21 meses del incendio de aquella noche fatal, la reciente denuncia por homicidio contra Alan Azizollahoff y Edgar Paz, lamentablemente, no prosperará. Es sólo una ilusión para calmar tantas protestas.
Sancionar por homicidio significa probar la intención, el dolo. Y, si el fiscal superior puede sustentar que tal discoteca fue ideada para matar intencionalmente a sus clientes, entonces no habrá nada más que alegar.
Sin embargo, no se puede forzar una figura penal. La analogía en contra del reo está prohibida constitucionalmente. Al no cumplirse con el tipo del delito, el resultado será la absolución. Y, ello sólo acrecentará la ira, el dolor y la indignación, en estos padres.
Hubo sí negligencia en los propietarios y su responsabilidad es ineludible: deben de pagar por ello. Pero, si lo que se busca es encarcelarlos, se pierde la opción de consagrar un mecanismo más eficaz de justicia (en su sentido original): el resarcimiento dinerario por las pérdidas.
Sensatez y sentimientos
Sin eufemismos, la “justicia” penal es, en el fondo, sólo venganza colectiva. Se busca un sufrimiento equivalente y no la reparación del daño ocasionado. Así, no se consigue nada. Las víctimas y sus deudos en un proceso penal son ignorados. En el eventual caso que consigan una sentencia, esta será exigua e improbable el cobro de su reparación civil.
Nada ganan con penas simbólicas. Estas son vacías. Ni disuaden ni reparan. Menos aún “resocializan”. No es a “la sociedad” a la que los culpables deban de “pagar” con su penitencia, sino a los específicos damnificados. Debe darse preeminencia la reparación de los daños a las víctimas y sus deudos. Indefectiblemente, los culpables deben pagarles con el fruto de su trabajo, presente o futuro.
La vida es un bien y tiene un valor. Éste, o lo establecen el legislador y el juez al “medirlo” en tiempo (años de reclusión) o se estima, según las agravantes o atenuantes, mediante el instrumento que forjó a la civilización: el dinero.
Pero, el dinero, en sí, no vale nada. Vale sólo por ser un medio para conseguir otros bienes, materiales o espirituales que puedan sosegar una pérdida; paz y reconciliación, por ejemplo. Esto último es natural y, por tanto, legítimo. Ni es aberrante ni tiene por qué causar animadversión.
Por otro lado, la inminencia de perder un patrimonio por causa de sus propias negligencias, obligará a los empresarios a priorizar la seguridad de sus clientes y asegurarse. Cada quien debe responder por lo suyo.
La impunidad indigna
Los organismos de “justicia” estatal han llegado a niveles de descrédito e ineficiencia que ningún privado puede permitirse sin riesgo de sucumbir con oprobio. Este monopolio debe terminar. No debe ser sólo atribución del Estado.
Contrariamente a lo que se piensa, las alternativas no son utópicas. Existen mecanismos de control más eficaces si la función de dirimir justicia se traslada a los privados: la competencia, la búsqueda de prestigio o de reputación, lo equilibrarán.
La justicia no es, pues, sino el dar a cada quien cuanto le corresponde, por mérito, resarcimiento o por castigo. Ello sólo se puede conseguir si se delimita con mayor precisión el ámbito de propiedad de cada quien. De ahí su concreto sustento. A ello se debe apuntar.
Pero, actualmente, la búsqueda de justicia desasosiega a los deudos. Por corruptelas, trámites excesivos y dilaciones intolerables, se la torna esquiva, brumosa, irreal… (Perdidos para siempre en la alcantarillas de la vieja Lima, muchos de los carbonizados en la deflagración de Mesa Redonda, tampoco la hallarán). Así, para que la justicia no sea más una utopía hay que civilizar el sistema penal.
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