CONTRA LA LEY DE LOS TUGURIOS
Sin bulla ni traumas el Congreso de la República en complicidad con el Poder Ejecutivo han procedido a extender hasta diciembre del 2006 la vigencia de los contratos de alquiler en los inmuebles catalogados como tugurios. Curioso, para demagogia y el robo sí que son efectivos. Como si portaran un silenciador han disparado sin ruidos, y por enésima vez (desde 1992), contra aquello que se supone un demócrata debe tener en alto: la propiedad privada y los contratos.
Pero no nos engañemos, al respecto las diferencias entre el prófugo Fujimori y los llamados “demócratas” que nos gobiernan son nimias. La democracia entre nosotros no precisamente es sinónimo de respeto al derecho ajeno ni a la palabra empeñada. En boca de la mayoría de los legisladores la democracia es ese “algo más” que fácilmente haría temblar de espanto a cualquier ser que se precie de conducirse por los caros valores de la civilización.
Barbarie institucionalizada
Nuestra histórica vocación por la fuerza bruta y la criollada lo inunda todo. Así, lo que ocurrió durante la década de los noventa no fue más que un exagerado alarde de esos valores muy arraigados en nuestro peruanísimo ser. Eso fue lo que hizo Fujimori cuando en 1992 estableció que los tugurios no entraban en su liberalización del mercado de alquileres de inmuebles.
Los argumentos no podían ser otros que del asistencialismo y paternalismo que solo sabe arrimarle la factura a los particulares. Lo único que se logró con ello fue ahondar una ya por demás complicada situación. El deterioro de los predios junto con el hacinamiento de las personas es lo que hoy tenemos por doquier.
El agravamiento de las lamentables condiciones de vida de un importante sector de la población sólo es la resultante del engaño y rapacería de quienes durante los últimos cuarenta años nos vienes gobernando. Curiosamente en materia de alquileres de inmuebles, para el grueso de la población la propiedad privada y el contrato tienen la protección del Estado (artículos 70 y 62 de la Constitución), pero para aquellos que son titulares de lo que despectivamente se cataloga como tugurios tales garantías no existen.
Sería interesante saber los nombres de los congresistas que votaron por esta ley que prácticamente despoja de su propiedad a quienes que hoy por hoy viven el drama de ser dueños de algo que les es negado disfrutar y sacarle provecho. Al fin y al cabo, el maldecir al ladrón es también un derecho humano.
El populismo manda
Es una paradoja que por un lado el gobierno lleve a cabo programas como Mi Vivienda cuando por el otro niega el acceso a la misma a los que son sus legítimos propietarios. Es más, muchos de estos están en peores situaciones que las de sus inquilinos.
Pero ello les resbala al presidente y a los parlamentarios, sean oficialistas u opositores. El enfermizo afán por sustentar la dicha de unos con dineros de otros no tiene límites. Eso es lo que se está perennizando con normas de este tipo. ¿Y los jueces? No existen, ellos nunca han sabido de estas cosas.
Quienes tienen padrinos o saben conmover con sus taras, deficiencias o desgracias han pasado a ser los engreídos del Estado. Ahora ser víctima de la adversidad es casi un motivo de contento. Innegablemente, el amor a los pobres es un arma sumamente peligrosa. Justamente he ahí el leitmotiv de una vocación delincuencial que está pugnando celosamente para que nuestro aciago tercermundismo se torne endémico. Así, pues, o todos nos regimos por la misma ley o simplemente esta propensión hacia la tugurización nos envolverá a todos.
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