NUESTRA LEGALIDAD EN TELA DE JUICIO
Para quienes juzgamos que el derecho es preclara e indubitable manifestación de civilidad, decisiones como las del Tribunal Constitucional (TC) —que abre la posibilidad de involucrar a un grueso sector de pensionistas a la discutida ley 20530— no son más que negaciones a la racional pretensión por vivir en una legalidad que tenga su correlato en una economía sana y sin forados. Pero de ello no entienden los magistrados del más alto tribunal de la república. Ellos, ya desde hace buen tiempo, casi desde su estreno en el cargo luego de la reactivación del TC, han marcado su línea a seguir: la del barato populismo disfrazado de legalidad.
Esto no es de extrañar, solo hay que ver la procedencia de la mayoría de los que componen el tribunal, llano reflejo de la negociación y el cabildeo de quienes los colocaron allí. Así es, una vez más el Congreso acarrea la culpa de una mala decisión. Al optar, irresponsablemente, por hacer del TC una extensión sus groseros intereses lo único que han logrado es condenar al país al capricho y arbitrariedad de quienes, ahora investidos con las más altas dignidades del foro, disfrazan sus apetencias políticas a través de resoluciones y sentencias.
Son los que, desde su pedestal de máximos intérpretes de la Constitución, han pasado a ser los confirmadores y/o los negadores de lo que entendemos por jurídico o antijurídico. Su poder es extraordinario. Son capaces de condenar a la nación entera sea al progreso o al atraso. Esto no es extraño. Los jueces siempre han tenido esa ubicación, es por ello de su mayúscula importancia. Desde idéntico sitial togados como Marshall le brindaron a los Estados Unidos, con sus meticulosas decisiones, ese envidiable bagaje de soportes que ha hecho de ese país la primer potencia del orbe.
Empero, ello, en nuestro suelo, tiene un cariz muy distinto, es más, hasta antagónico. Y ello debido a esquemas ideológicos que acarrean el afán de quienes entienden que lo moderno es vivir a costillas del capital ajeno. Clamándose una solidaridad bastante jalada de los cabellos, construida a la fuerza, exactamente todo lo opuesto a lo que ella invoca, que es una manifestación de libre y generosa aceptación, jamás una conminación y chantaje. Precisamente una afrenta que ha sabido ser cogida por la generalidad de nuestros académicos y juristas.
Son ellos los que nos han puesto de espaldas al mundo. Si en otros lugares el derecho, a través de los magistrados, ha sabido ser el factor primero para el cambio y la mejora, en nosotros lo legal se erige en obstáculo y lastre. Se nos ha obsequiado una estructura jurídica que bien podría ser catalogada como una hechura de los egresados de esa ominosa Escuela del Resentimiento de la que nos habla Harold Bloom,
la que ha convertido la educación superior —controlada por patriarojas, falsos “progres” y los venenosos románticos de siempre— en la enemiga de instituciones relevantes para la civilización como la propiedad privada, el contrato y el comercio libre.
Todo esto no es casual. Responde a una obsoleta aspiración. Por ello es que hay someter a riguroso cuestionamiento la legalidad que nos sostiene, la misma que, en la práctica, es burlada y eludida por el grueso de la población, siendo que solo una minúscula fracción de la sociedad se rige por ella. Mas ello no quiere decir que los demás, el inmenso resto, se sustraiga olímpicamente a la misma, y es que el desamparo de lo institucional tiene un precio: la marginalidad, justo donde, decisiones como las del Tribunal Constitucional, terminarán por arrojarnos.
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