MINERÍA SIN DERECHOS DE PROPIEDAD
El Perú no es un país agrario, sí un país minero, pero sin derechos de propiedad. Esto último es lo que se tiene que remediar. No puede ser que se siga asumiendo una noción mutilada de la propiedad sobre la tierra, pues ello simplemente ha sabido generar conflictos y corruptelas a todo nivel.
Cuando la Constitución (artículo 66°) prescribe que los recursos naturales son patrimonio de la nación nos está negando la posibilidad de extender nuestro derecho de propiedad hacia una variante mucho más rica y dinámica de lo que hasta ahora tiene. Verdad, el hecho de reclamarse dueño de todo mineral o sustancia que se halle en la profundidad de nuestra heredad es materialmente imposible en nuestra legislación.
Es más, de estar inmersos en esa situación cada una de las aristas que sostienen nuestro parcial derecho de propiedad se suspenden en el acto. Así, lo que pudo ser motivo de enorme regocijo se vuelve entre nosotros una comprensible causal de zozobra y de pánico. Palmario, lo que en un contexto diferente muy bien pudo ser una máxima alegría, el saberse poseedores de millones de toneladas de oro o ingentes volúmenes de petróleo debajo de nuestros pies, pasa a ser parte de un soberano temor.
Tal absurdo se lo debemos a una legalidad que no tiene ni la más mínima idea de lo que significa ser portadores de derechos. He aquí un directo residuo medieval, ese concierto de privilegios donde uno era libre si es que alcanzaba el favor real. Las concesiones que brinda el Estado peruano en el rubro de los recursos naturales responden a esta visión.
A todas luces, una total anacronía. Si los peruanos pudiésemos extender nuestros derechos de propiedad sobre el subsuelo y todo lo que él existe difícil sería que el discurso barato y la manipulación ideológica nos arrastren tan fácilmente, y ello porque cada propietario sería el único que habrá de decidir su propio interés, jamás un extraño a él.
Pero al no darse tal cosa entonces se termina invitando al inversionista a la manipulación y al soborno. Esto es consecuencia inmediata de un sistema de derechos oscuro, manipulable y perverso. Ya es hora de invertir la figura. Hay que apostar por una legalidad que mande al inversor a dirigirse a quienes son los titulares de cada porción de terreno antes que ir corriendo al Estado para que le otorgue una dudosa licencia.
Ello es lo lógico. Si alguien quiere algo que me pertenece entonces debe de solicitármelo sin intermediarios de por medio. Será exclusivo asunto del detentador del bien qué es lo que se decidirá finalmente. Como es natural, todo dependerá de lo que se le ofrezca. Sin embargo, no es este soporte jurídico el que nos adorna.
Así, lo que perfectamente pudo remediarse a través de lo contractual hoy se va por la senda de lo político y policial. El sustentarnos en un derecho de propiedad mediatizado hace que nuestras suertes se decidan desde un despacho ministerial antes que desde nuestras propias personas. De ello nada bueno y pacífico se puede esperar.
La carencia de un debido imperio del derecho nos está pasando la factura, siendo que ello sólo sabrá contribuir a nuestra arraigada cultura de la usurpación e irrespeto por lo ajeno. Esa constante del despojo y la rapiña que nos aparta de los puramente racional y jurídico, precisamente aquello que nos aún nos es esquivo.
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