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BEATÍFICOS CONTRIBUYENTES
Existe en Perú una categoría especial de ciudadanos, “los administrados”.
Así reza en la página de internet de la SUNAT, en la sección de Quejas y Sugerencias:
Se entiende por:
Queja: las expresiones de descontento de los administrados, por cualquier acción o inacción de los servidores y/o funcionarios de las diversas dependencias de la SUNAT que vulnere sus derechos, tales como mala atención, problemas en los trámites y/o procedimientos o aspectos institucionales.
Sugerencia: las iniciativas formuladas por los administrados para mejorar la calidad de los servicios, simplificar trámites administrativos o suprimir aquellos que resulten innecesarios, así como cualquier otra medida de carácter general que contribuya al mejor desempeño de la SUNAT.
Como siempre la burocracia estatal asume un rol paternalista, desde su encumbrada posición “administra las acciones y emociones”, ergo la vida de los individuos.
¿Pero, qué nos dice la Real Academia del vocablo?
Administrado: adj. Dicho de una persona: Sometida a la jurisdicción de una autoridad administrativa.
Ahora bien los sometidos a autoridad son solo los tutelados, siervos o esclavos, el sometimiento requiere del uso de la fuerza, o la amenaza de su uso. Por ello estamos sometidos a la jurisdicción de los tribunales. Pero, estar sometidos a los funcionarios de una entidad burocrática es una osadía más que descabellada. Sin embargo, los burócratas han aprendido a ejercer su Autoridad sobre los Administrados de modo totalmente arbitrario. Un día le pueden a usted pedir cinco requisitos, y en otra ocasión solicitarle más requisitos por el mismo asunto u otro similar, o dependiendo de la persona que sea la “administrada” variar los mismos. Así las cosas, la falta de objetividad en la administración pública deviene en natural, es una consecuencia directa de las ideas que tienen de su propia función e importancia, la cual está expresada en las conductas que manifiestan y el lenguaje que emplean para justificar su proceder.
No solo es la SUNAT, los Registros Públicos, el Indecopi, Osinerg, etc. Es la cultura del “ADMINISTRADOR”, de aquel que se cree un ser especial por el solo hecho de decidir que hace o que no hace otro.
En el caso de las importaciones y exportaciones, crucial segmento de la economía, los “requisitos” se vuelven una gelatina pegajosa que atrapa a los ciudadanos y los empuja a la evasión y el contrabando ante tanta estulticia burocrática.
Los trámites de importación presuponen que nadie puede importar artículos para uso personal por más de tres mil dólares al año. Mejor sería que todo artículo pagase impuestos, sea uno o mil, pero un impuesto basado en el precio de compra indicado en las facturas que el contribuyente presente. Pero eso tampoco es así, si el vista de aduanas considera esa factura válida la acepta, sino establecerá “al azar” un precio para las mercaderías y sus respectivos recargos por seguros y fletes. Que podrían no haber existido en la importación realmente. Luego de ese malabarismo intelectivo, establece un precio y el concomitante IMPUESTO. Al ser impuesto no queda más camino que pagar para obtener lo propio o dejarlo para que se “pudra” en los almacenes o claro se caiga por allí, en las rutas de retorno al lugar de origen.
Deberíamos tener el coraje suficiente para hacer una huelga general para NO PAGAR POR IMPORTAR. Sea lo que sea.
Ya se pagó por la compra, se gastó en transporte y seguridad para el envío. ¿A santo de qué se nos pretende cobrar? Si hacemos negocio con lo importado y se genera renta, bueno transijamos, paguemos un porcentaje. Pero si eso no ocurre, ¿Por qué hemos de pagar algo al Estado? ¡Y encima soportar las majaderías de los vistas y agentes de aduanas! Agentes que bien gracias comen de nuestras manos.
Luchemos por la IMPORTACION LIBRE y el JUSTO PAGO por las ventas, no por las ganancias.
Husain Abdulhaq
Jesús Maria, 27 de junio |
