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Martín Portillo

   

EL BIEN COMUN, bonito pretexto

El régimen de propiedad sobre la tierra es una quimera en el Perú, todo lo que exista debajo del suelo no le pertenece al dueño de la superficie. Y si debajo de su casa se hallasen depósitos minerales, petróleo o gas, olvídese, ya no podrá vivir allí ni realizar sus actividades económicas usuales, así sea la tradición de sus ancestros.
Nuestra Ley sirve al bien común, no a intereses egoístas o estrechos. Por tanto la Ley será usada contra usted, iluso votante, ciudadano sin amor por el bien común. Su crimen es no aceptar la moralidad de moda y pretender defender algo tan etéreo como la propiedad. Etéreo por disposición legal, claro está.
No importa si eso no le puede ocurrir al Presidente de este paisito, mientras tenga el poder, estará protegido. Nadie le expropiará su amado jardín o biblioteca, en ese caso el bien común puede esperar.
Los problemas de las empresas que han ganado licitaciones mineras o explotaciones forestales, parten del hecho simple de que no son propietarios, ni tratan directamente con los dueños, sino con un tercero que se dice representante de los dueños. En nuestro país se considera peligroso que un simple mortal (persona natural o jurídica) sea dueña de los recursos naturales, por eso son de propiedad colectiva, es decir del Estado y es el Estado la institución que los administra. Y ya sabemos como lo hace. Los habitantes de La Oroya lo saben bien, los agricultores del Mantaro también. Los ciudadanos que aún reciben ayuda con cuenta gotas y sin orden ni concierto luego del sismo de Ica dan fe de ello.
Lo mejor sería que los recursos naturales fuesen entregados de una buena vez a las personas que por generaciones, incluso antes de que existiera el Estado peruano, eran las propietarias o posesionarias. Extensas áreas de selva, mesetas, planicies y cumbres montañosas. Tierras hábiles para el turismo, la minería, la agricultura o lo que fuese, si los dueños desean construir allí ciudades, es su derecho. Y si desean dejarlo tal cual, también es su derecho, para eso son los dueños.
Nuestro derecho no reconoce lo elemental, la propiedad es indivisible. Las tierras aptas para inversiones no serian desaprovechadas, sus dueños más bien actuarían como socios en las aventuras.
Debemos reconocer el derecho de propiedad plenamente, debemos descartar esa visión del Estado monárquico y absolutista que poseía el país entero con excepción de los territorios en vasallaje feudal. El Estado moderno al reemplazarlo ha querido mantener esa soberanía regia sobre el territorio y sus recursos, provocando enfrentamiento y violencia entre los dueños de un mismo terreno. 
Los agricultores que no desean ver una mina deberían tener la propiedad sobre el subsuelo, solo así podrían decidir si quieren vender su tierra a la minera o no. Caso contrario solo se puede esperar que el Estado los presione, someta y obligue a aceptar lo que se les imponga. Así esos ciudadanos habrán sido despojados de su derecho a elección y más aun, les habrá sido impedido su derecho a la libre disposición de sus bienes, con la consiguiente destrucción de su libertad. Habrán sido sometidos cual mitimaes o yanas.
El Estado Incaico (peruano), al aparecer con ropajes socialdemócratas, utiliza el argumento del bien común para fustigar la negativa de los campesinos, acusándolos de egoístas. Antes proclamaban que eran el ejemplo superviviente de la solidaridad milenaria de los pueblos mantenidos en prístina naturaleza, sin contaminación con los valores capitalistas. Hoy se oponen al capital (favorecido por el Estado) por creerse dueños de sus tierras y son insultados, nada mas y nada menos que por el mismo Primer Mandatario, ¿mandatario de quienes?
No importa si son egoístas al negar sus tierras al “progreso”, es derecho de las personas seguir la moral que deseen, aún existe la libertad de conciencia.
La Ley no puede invocarse para vulnerar los derechos elementales. La Ley señor García Pérez existe para controlar y detener el uso abusivo del Poder, y parece que usted, siendo abogado ha olvidado eso.
La Ley existe para proteger los derechos de cada persona, esté o no de acuerdo con el Rey, el Presidente, el ministro, el congresista, o quien detente el poder. Y los derechos a defenderse aquí son el derecho a la libre expresión, el derecho a la propiedad y la disposición plena de la misma, amen del derecho a vivir como mejor les parezca. Aunque nos suene atávico querer vivir en una comunidad rural, los que así lo deseen no deben ser obligados a dejar su modus vivendi. Tampoco se puede obligar, a quien desea vivir modernamente, a asumir colectivamente un modo de vida que no desea. Los derechos son individuales.
No se puede sacrificar a nadie al bien común. Señor García Pérez los sacrificios como el de Ifigenia, ya pasaron a la historia.

Martín H. Portillo C.
 

   

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