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En estás líneas se advierte que la vocación por inventar argumentos “patrióticos” y “nacionalistas” no son exclusividad de países del tercer mundo. Cierto, estas sinrazones también imperan en el primer mundo. He aquí el caso que nos transmiten desde Francia con relación a los “pretextos” de los políticos para inmiscuirse en el mundo financiero y comercial.

El punto de vista de los límites del patriotismo económico  
Por MATHIEU LAINE y CHRISTOPHE ARVIS

 
La efervescencia política y mediática que ha rodeado, en el corazón del verano, al rumor de una OPA «hostil» de PepsiCo sobre Danone constituye una formidable ilustración del regreso del patriotismo económico en nuestro país. Un simple rumor habrá sido suficiente para que el conjunto de la clase política francesa se movilice y participe de un “gran ruido que no dice nada” con el objeto de defender “los intereses económicos de Francia”. Este reflejo intervencionista es tan condenable desde el punto de vista económico como desde el  punto de vista moral y político.

En primer lugar, es esencial recordar que los intereses que hubieran podido estar en juego no eran para nada los de la nación, sino los de los directivos, los accionistas y los asalariados de una empresa privada. Los argumentos esgrimidos por los poderes públicos para intentar contrarrestar la posible oferta de PepsiCo sobre Danone no eran, por ende, atendibles, pues en una circunstancia tal, solo los accionistas del círculo –es decir los propietarios legítimos del grupo– hubieran tenido el poder de juzgar si era bueno o no ofrecer sus títulos a la oferta. Solo ellos hubieran estado en capacidad de apreciar el precio relativo propuesto por el iniciador, en consideración a su percepción del futuro estratégico del grupo y de los proyectos puestos en marcha por el comprador potencial. Los políticos –que tienen, no lo olvidemos, sus propios objetivos (esencialmente ganar la próxima elección) y sus propias formas de coacción (esencialmente mediáticas)– no tenían por tanto ninguna legitimidad para intervenir ni para hacer un llamado a los sentimientos nacionalistas o a los reflejos patrióticos para intentar defender a una empresa francesa “amenazada”  por un supuesto invasor americano.
 
Aparecidas a fines de los años 80, las ofertas públicas fueron en lo sucesivo parte del paisaje económico tradicional. Mientras tanto las autoridades políticas no dejaron de observarlas con desconfianza. Algunas veces calificadas de «prácticas salvajes» o de «procedimientos de granujas», son –sin embargo, ya sea las OPA (ofertas públicas de compra) o bien las OPE (ofertas públicas de intercambio)– una herramienta indispensable en una economía de mercado dinámica. Ellas permiten, en efecto, ajustar mejor los medios de producción y constituyen un medio particularmente eficaz  de incentivar a los directivos a administrar correctamente sus empresas, a fin de satisfacer el interés de los accionistas y evitar que cedan a las tentaciones  de ofertantes potenciales. Ellas contribuyen igualmente a una regulación del mercado permitiendo a los mejores gestores reemplazar a sus directivos menos eficaces. Y si la empresa prospera, ésta podrá por lo tanto crear empleos y aumentar la remuneración de sus asalariados. Así, no hay nada de sorprendente ni de escandaloso en el hecho que una empresa como Danone, cotizada en bolsa, pueda ser el círculo potencial de otras empresas francesas o extranjeras.

Esto no significa que todas las empresas que cotizan estén a la merced de los “depredadores”. Las empresas, en efecto, con los años han descubierto los medios jurídicos y financieros para protegerse contra una oferta pública no deseada (esencialmente en base a cláusulas de acuerdo y de preferencia, a la limitación de acceso a los derechos de voto, a los métodos de dilusión de capital,  a la utilización de formas particulares de filiales, al lanzamiento de contra ofertas o la búsqueda de un “caballero blanco”).

Los medios de los poderes públicos para contrarrestar una operación financiera de este tipo son, en revancha, muy limitados.  Además de las amenazas fiscales y la utilización de las reglamentaciones antitrust, solo queda un bastante extraño derecho de veto que les permite, desde el 2004, oponerse a determinadas operaciones en los sectores llamados «sensibles». Al respecto, es claro que los productos lácteos no son un área estratégica para Francia. En consecuencia, es sorprendente que el Primer Ministro haya anunciado con tanto énfasis que el gobierno hizo «todo» para oponerse a una eventual oferta pública sobre Danone, a sabiendas que estas vanas palabras no evitarían que un ofertante verdaderamente interesado proponga un precio atractivo a sus accionistas. Rara estrategia de comunicación en nombre de la cual el político reacciona rápidamente y viene a aparentar fuerza cuando la promesa no se cumpla. Una reacción tan categórica, y el reciente llamado de Matignon a reunir todas la «energías alrededor de un real patriotismo económico», no harán más que empujar a los franceses hacia la falsa idea que las ofertas públicas son peligrosas, que las empresas americanas no son hostiles y que el gobierno puede y debe protegernos contra estos riesgos. Los inversionistas foráneos tendrán una visión muy negativa de Francia, que no deja de brillar por su frivolidad y su gusto por las reformas.

 

Traducción de Jorge Hernández Chanduví
Artículo extraído del Institut Turgot (www.turgot.org)



 

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