Cárceles privadas sin vicios públicos (I)
Privatizar las cárceles o concesionarlas, como promueve la Ministra de Justicia, no solucionará el problema de los presos si se sigue pensando que su fin es el de la resocialización, la reeducación o la rehabilitación.
Las fugas, el hacinamiento, los dramas carcelarios, son problemas crónicos. Y, sin embargo, no han amenguado ni aún bajo la administración de los más profundos conocedores del tema: el penalista Wilfredo Pedraza y la criminóloga Rosa Mavila.
Sucede que nuestro sistema punitivo es contradictorio: lacera con el encierro y premia con “derechos” que alientan la impunidad. Si a ello se agrega una burocracia que perdona por el solo paso del tiempo o por razones menos objetivas, el INPE –la entidad que administra las cárceles—, difícilmente justifica su existencia.
Que, históricamente, entre el 70% y el 80% de los reclusos no tengan sentencia es solo otro de los costos que deben asumirse por dejar, al Estado, el monopolio de la “administración” de la justicia. Pero, ese ya es otro tema.
El trabajo redime
No se trata de cambiar de administrador sino de óptica: las ideologías falazmente humanitarias que justifican a las penitenciarías, han desnaturalizado uno de sus originales propósitos: el pago de los delitos en horas de trabajo.
Aún cuando se sustenta en una errónea teoría del valor (que explica por qué el Código Penal es un catálogo de precios), este mecanismo funciona, dentro de su lógica mercantil.
Este es el sentido y, pese a sus defectos, la razón del éxito de las cárceles privadas en los países anglosajones: organiza factorías autosustentables: los reclusos purgan su condena y, generando riqueza, compensan el daño ocasionado por sus delitos. A ello destinan, por lo general, el 20% de sus rentas.
En puridad, el reo no debería pagar una simbólica deuda a la sociedad, sino resarcir a su víctima específica. Y, es que si el fin de nuestro sistema fuese el de reparar el daño causado a la víctima y no el castigo “rehabilitador” del delincuente, la sensación de justicia se percibiría. Y, no tendríamos que seguir manteniendo, con nuestros impuestos, a quienes nos han agraviado.
Civilizar la pena
Actualmente, ocurre de modo contrario. En el Penal de Lurigancho, por ejemplo, los reclusos parasitan como si estuviesen en sus propios barrios. A despecho de quienes quieran negarlo, dentro, todo se compra y todo se vende. Y “trabaja” solo quien quiere acogerse a un “beneficio” penitenciario. Si la pereza es la madre de todos los vicios, el asistencialismo es el padre.
Si se pretende privatizar o dar en concesión “para mejorar las condiciones de subsistencia de los reclusos”, como enarbola la Ministra, esta permisividad asistencial y sus justificaciones, deben de erradicarse. No se trata de trabajos forzados ni de campos de concentración. Es el desarrollo lógico de un justo sistema compensatorio. De otro modo, no funciona.
Que los delincuentes trabajen para compensar a sus víctimas disuade más que ver pasar el tiempo tras las rejas. Y, el menor costo por horas laborables disuadirá a quienes pretendan delinquir para así emplearse. Esto generará los suficientes incentivos para que las empresas privadas inviertan su capital y su prestigio en un giro de tamaña responsabilidad.
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