La virtud de la intrascendencia

Roberto Núñez O.

Es realmente asombroso el poder ser testigos privilegiados de la mayor expresión de intrascendencia gubernamental como aquella que nos encontramos viviendo en estos tiempos.
Por todos es sabido que en su campaña presidencial el Sr. Alan García no solo nos ofreció los tesoros más preciados de la reina, sino que al unísono su discurso desarrolló una interminable lista de promesas que buscaban llevarnos al derrumbe del status quo como al tan esperado nacimiento de nuestra nueva “clase obrera”.
Sus acaloradas y febriles alocuciones no sólo buscaban ser confrontacionales con las grandes empresas, sino que también buscaban ciertas reivindicaciones en nombre de la capacidad individual de elección, léase la libre desafiliación de las AFP y demás ofrecimientos que tanto nos gusta escuchar.
Aún ahora recordamos aquellas acaloradas disertaciones acerca del por qué no se debía firmar el tratado de libre comercio con los EE. UU. (al menos de la manera en la cual el saliente gobierno del Sr. Toledo venía llevando tales negociaciones), sin embargo vemos, a la luz de los hechos, que más allá de ternos, el Sr. García debe haber cambiado innumerables veces de pañuelos y rodilleras. Realmente patético.
El único calificativo con el cual podríamos catalogar el hilo conductor que ha caracterizado hasta el momento la presente gestión gubernamental no podría ser llamado de otra manera más allá de “intrascendente”, y ojo que somos bastante condescendientes con dicho adjetivo calificativo toda vez que dada la actual situación económica el gobierno tendría que poner mayor énfasis en el tema político, sin embargo vemos que su mayor debilidad radica precisamente en ese punto.
Veamos pues lo que en un rápido recuento nuestra memoria puede traer a la luz:

1. Eliminación de la renta básica. Más allá que nos guste o no el trato que recibimos por parte de la Telefónica, resulta una tremenda torpeza política el hecho de pretender desconocer unilateralmente un contrato. ¿Podríamos imaginar acaso el nivel de descontrol que se generaría si cada parte interviniente en un contrato decidiese unilateralmente desconocerlo en lugar de ventilar su diferendo en el poder judicial?, sería simplemente la debacle del estado de derecho.

2. Licitaciones de los patrulleros y las ambulancias. Es increíble cómo el proverbio que reza que todo depende del cristal de donde se mire aplica, para este caso, como anillo al dedo. Nos preguntamos cuál hubiese sido la reacción de los compañeros si en un eventual gobierno de Lourdes Flores u Ollanta Humala se hubiesen descubierto estos negociados en las licitaciones. ¿Acaso Aurelio Pastor no estaría crucificado en las puertas del Congreso exigiendo a voz en cuello la vacancia presidencial? ¿Qué hubiese dicho doña Meche?, ¿se imaginan la consigna desde Alfonso Ugarte? Demoler, demoler, demoler....... sin embargo, como tal horror sucedió en el periodo presidencial actual, dicho delito (porque no existe otra forma de calificarlo) no pasó de ser algo anecdótico y coyuntural para ellos.

3. Compra de líneas editoriales por parte del Ministerio de Vivienda. Al mejor estilo gangsteril del fujimorato, el despacho ministerial compraba y dictaba diversas líneas periodísticas sin mediar el más mínimo asomo de arrepentimiento por parte del ministro. Cero mililitros de sangre en la cara y por consiguiente no renunció. Simplemente un sinvergüenza.

4. Nombramiento del sr. Alberto Pandolfi. Esta es la cerecita que mereció adornar el pastel más grande y delicioso del país. Resulta, por decir lo menos, ingenuo pensar que al mismísimo premier Del Castillo se le haya “pasado” semejante situación. Llama a la risa semejante excusa. Nuevamente consulto, ¿qué hubiese sucedido si este nombramiento se daba bajo otro periodo presidencial? Resulta, una vez más, clara y evidente la estrecha relación entre el fujimorismo y el aprismo, lo cual, en buena cuenta, sigue siendo sacar dos correas de un mismo cuero (de chancho por cierto).

Podríamos seguir engrosando la presente lista de sucesos, sin embargo este rápido recuento nos hace ver que el principal obstáculo que ha tenido el gobierno viene dado precisamente por lo poco profesionales que han sido al momento de elegir autoridades.
Siempre se ha escuchado decir que el APRA es cantera de buenos técnicos, sin embargo hasta ahora lo único que realmente ha quedado demostrado es el grado de compadrazgo y favoritismo partidario al momento de pagar favores a los compañeros. ¿Te suena conocido eso Javier Barreda? Para quien no lo conoce dicho personaje es un eterno postulante al Congreso de la República, cargo que por cierto siempre le ha sido esquivo, pero que en este gobierno por obra de magia ha podido entornillarse en un puesto de viceministro. Por demás está decirles que su mérito profesional estriba en ser un fervoroso compañero. Como dicen por ahí, para muestra un botón.

Los Errores (horrores) del Canon

Un tema que merece nuestra especial consideración es el tan mentado proceso de descentralización, el cual hasta ahora no ha sido más que un disfraz del gobierno sin ningún logro contundente.
Tenemos gobiernos regionales, sin embargo no cuentan con la opción de la discrecionalidad sobre sus propios proyectos de desarrollo.
Resulta realmente ilógico, por citar un ejemplo, el tratamiento que se le da al canon en sus diversas formas.
A la luz de la experiencia vivida durante todos estos años creemos que el tratamiento que se le da a esta modalidad de recaudación debería ser exactamente al revés del cómo es administrado en este momento.
Es gracioso ver cómo en el contexto actual la provincia y la región en la que se extrae y procesa el mineral sobre el cual se cobra el canon sean las últimas en beneficiarse de dicho recurso tributario.
¿Qué tiene que hacer el gobierno central distribuyendo un ingreso que no le corresponde?, ¿por qué el departamento que lo generó debería compartirlo con otros si éstos no han hecho el más mínimo esfuerzo por su recaudación?
El modelo del presente tributo debería comenzar beneficiando a la comunidad sobre la cual se ejerce el proceso de extracción del mineral, posteriormente otro porcentaje debería ser asignado en fracciones equivalentes al gobierno distrital, al provincial, al departamental y al regional. El gobierno central, si en caso sea extremadamente necesario, debería recibir un porcentaje mínimo de dicho recurso.
Obviamente las autoridades de las comunidades que reciban estos recursos deberán efectuar las inversiones de acuerdo a un cronograma de proyectos previamente establecido y deberán dar cuenta al íntegro de la población en sesiones abiertas.
¿Quién mejor que las autoridades locales para saber acerca de las carencias y necesidades de sus propios pobladores?, ¿por qué la omnipresencia del estado debe imponer en qué, dónde y cuándo invertir?
Quizá el desarrollo que tanto buscamos no dependa de cuánto recaudemos, sino de cómo lo invirtamos. Es pues momento de creer que las autoridades, más allá de ser evaluadas por sus opciones políticas, deberían ser evaluadas por sus capacidades gerenciales y administrativas.
Quién sabe si bajo esta óptica gerencial el gobierno deje de tener como su mayor virtud la intrascendencia.

22/05/207

Contacto

info@acrata.org