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LA PROMESA DEL DESGOBIERNO
La retórica suele hacernos olvidar que la realidad es dura, y doblemente dura, es decir, cruel, si es que hacemos mutis, desde verbo, de lo que lo fáctico significa y expresa. Eso es lo que nos acontece en este instante. Luego del primer round electoral el cuadro que se denuncia es el de la ingobernabilidad. Este mismo panorama, donde no hay un Presidente con un Congreso afín y dispuesto a sometérsele podría ser visto, en la esfera de las naciones civilizadas, como un hecho saludable, del cual no hay de qué temer. Y es que sus instituciones, leyes y reglamentos constitucionales, en lo que respecta a las relaciones entre el Ejecutivo y del Parlamento, así como el encausamiento que en el seno de este último se tiene garantizado a través de una legislación pertinente, hace que nadie se llame a alarmas y temores por una situación donde no se tiene la mayoría congresal.
Cosa distinta acontece en nuestra azarosa realidad. Históricamente el Perú ha demostrado que los regímenes no saben mantenerse en pie si es que no cuentan con el respaldo del Parlamento. Ningún Presidente ha sobrevivido a un Parlamento adverso. Como recientes muestras de ello tenemos el ejemplo de Belaunde y su innoperatividad frente a la oposición que descarnadamente le hizo la convivencia entre aquellos que hasta hace poco eran fieros enemigos, con muertos, prisión y destierro de por medio, el APRA y la Unión Nacional Odriísta (UNO), y recientemente el caso de un Fujimori que al verse políticamente acorralado, pero por sobre todo, sin una evidente mayoría, opta por fugar del país bajo el ardid de un viaje a una conferencia internacional. No olvidemos que el mismo Fujimori, en 1992, dio el autogolpe de 5 de abril con el pretexto de que no podía gobernarse el país sin una mayoría clara. Desde esta misma exigencia se suscitó el escándalo de la compra de congresistas: el caso de los tránsfugas.
Lo que estas recientes justas electorales han propiciado es esta nueva situación en la que el peligro de la inoperancia política se activa. Quizá algún cándido libertario asumiría que esta situación es propicia para desembarazarnos de una vez por todas del Estado y de los políticos, cosa que la filosofía liberal tiene como meta, pero ello no es tan simple. En una sociedad donde hasta el más leve movimiento del más insignificante de los individuos está encorsetado por disposiciones legales no es nada grato que aquello que hace que el sistema camine se paralice. Una cosa no nos lleva a la otra. La parálisis del sistema político-jurídico no activa, ipso facto, los negados derechos y libertades. Simplemente se genera un congelamiento que no convienen ni a tirios ni a troyanos. Además, el paso hacia un orden donde impere el derecho por sobre la política es una lucha constante, absolutamente cierta y real, donde no hay cabida para fantasías ni utopías de raigambre teológica.
Esta lamentable coyuntura en la que nos encontramos no hace sino ahondar el ya triste porvenir que la demagogia y la corrupción nos han obsequiado. Esta nefasta situación se profundiza no sólo porque estamos ante actores que siempre se han movido instintivamente, sin ninguna base ética sólida, mucho menos en este tiempo de desidiologizados, sino que a ello hay que agregarle la no existencia de instituciones. Así es, habrá de ser la carencia de estas últimas, antes que lo demás, lo que más no haga falta en este proceso hacia un esquema donde prime el valor de la libertad por sobre el de la opresión. En virtud de esto, cualquier perorata conciliadora surge como candidez si es que carecemos de los mecanismos constitucionales para consagrar los pasos para un efectiva gobernabilidad, sobre todo en un país donde el Estado está inmiscuido en todo, porque es así, nada ni nadie está fuera de sus garras, siendo esto, la mejor razón para proseguir en esta brega por la liberación del hombre de sus iguales que se inventan diferencias a través del poder, no se sus propios dones.
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