Que venga el azúcar boliviano
Por Walter Puelles Navarrete
5/7/2005
¿Que derecho tiene el Estado de impedir que la gente compre en Bolivia, o en donde quiera, azúcar a un precio menor que el ofrecido por las empresas nacionales? Ninguno. Sin embargo la ley apunta en sentido contrario, y esto es así por que la voluntad de un grupo de empresarios mercantilistas se ha impuesto.
La gente probablemente ni se imagina que estos mercantilistas, en asociación con el Estado, expropian diariamente parte de su riqueza mediante impuestos y mecanismos de protección que impiden a millones de personas comprar azúcar a precios bajos, ahorrando dinero que bien podría ser empleado en la compra de otros bienes.
Acá ni siquiera se está hablando de los subsidios europeos o norteamericanos, simplemente del miedo de la industria local a competir con empresas sudamericanas que, por múltiples factores, han logrado constituir organizaciones más eficientes. Actualmente, 70% del azúcar importada proviene de países de la región sudamericana, principalmente, Bolivia y Colombia.
Las crisis, por dramáticas que parezcan, cumplen una función benéfica al liberar a la sociedad de las empresas malas. La protección impide el surgimiento de nuevas empresas. La crisis de las azucareras no es otra cosa que el resultado de la voluntad de la gente, quien a través de sus decisiones de compra comunica que el producto local no está satisfaciendo adecuadamente sus preferencias.
Eso es democracia, que la gente vote por el producto más conveniente para sus fines. El Estado no existe para proteger la participación de mercado de ninguna empresa, sino para asegurar el derecho de las personas a elegir. Lamentablemente la ley actúa de forma contraria, pues interfiere el derecho de las personas mediante impuestos discriminatorios.
Los aranceles y las sobretasas son impuestos discriminatorios. Si existe un impuesto a un producto, éste debe ser general, no debe castigar ni el origen ni el destino. Los impuestos discriminatorios favorecen una opción en detrimento de otra, y en detrimento de toda la sociedad que es la que finalmente pagará el sobre precio.
Si usted es contrabandista de azúcar, no se sienta mal, usted no es un criminal ni un ladrón. Por el contrario, está ayudando a que la gente ponga sus recursos a salvo del Estado y de los empresarios mercantilistas acostumbrados a hacer leyes a su medida. El contrabando no es inmoral, mas las leyes que impiden a la gente comerciar azúcar libremente si lo son.
El azúcar en Perú está protegido por un arancel de 20% y un sistema de sobretasas aplicado sobre la base de un mecanismo de franja de precios, controlado por algún burócrata cuyo sueldo es financiado con parte de la riqueza que el Estado extrae mediante impuestos. Gracias a estas barreras, el azúcar importada termina costando un 35% más.
El Estado evalúa aplicar otro mecanismo de protección para el azúcar procedente de Bolivia, país con el que deberíamos tener un mercado libre. Aquí el Estado se arguye el derecho de obligar a la gente a consumir no más de una determinada cantidad de azúcar boliviana. No importa cuanto usted prefiera, sino cuánto el Estado quiera. Eso es inmoral.
El comercio debe ser libre, solo los individuos tienen el derecho de decidir dónde y cuánto.
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